¿Arquitecto o cabeza de turco? Inseguridad jurídica del arquitecto

Un individuo que produce un perjuicio a un tercero es lógico y justo que indemnice o resarza el daño ocasionado. Seguramente todos estamos de acuerdo en esto, sobre todo si somos nosotros los perjudicados. Ahora bien, los arquitectos a menudo sufren en exceso esta máxima, pagando por males que no son responsabilidad suya o, al menos, no en su totalidad. A continuación explicamos por qué.

Hasta el año 1.999 el arquitecto estaba sujeto a la responsabilidad civil (arte. 1501 y 1909 del Código Civil) y a la responsabilidad penal por posibles imprudencias e infracciones que incumplían las normas de seguridad en el trabajo. Con la promulgación de la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación), por fin se acotaban las competencias, funciones y responsabilidades de los diferentes intervinientes de una obra y también de los arquitectos. A todo esto se añadía la publicación del CTE (Código Técnico de la Edificación) el 2006.

Éste conjunto de normas fue una gran noticia para el colectivo de arquitectos, aparentemente les aportaba seguridad jurídica y ya no podrían ser reclamados por cualquier motivo. Se estipulaban unos plazos de garantía y se concretaban los hechos por los cuales tendrían que responder. Por ejemplo, el arquitecto solo podría ser reclamado por los daños materiales causados por vicios o defectos de instalaciones, que comportaran el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad y funcionalidad los tres años siguientes a la finalización de la obra. En defectos de acabados, se exoneraba el arquitecto de cualquier responsabilidad. Pero…

Por desgracia la realidad es otra. Actualmente el arquitecto sigue respondiendo por sus errores y por los de todos los otros agentes que intervienen en la obra. Por hechos prescritos hace años e incluso por defectos o problemas que tienen que ver muy poco con su actuación profesional. En este país no hay ninguna otra profesión más expuesta en caso de reclamación.

Son diversos los motivos que provocan esta vulnerabilidad judicial:

    • De todos los intervinientes en una obra, el arquitecto es el único sujeto obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil. Además, esta cobertura se tiene que mantener 10 años para cubrir las garantías impuestas por ley. No olvidemos que, en caso de defunción del arquitecto, sus herederos tendrán que hacer frente a cualquier reclamación derivada del error profesional de éste.
    • En muchas ocasiones los únicos intervinientes localizables son los técnicos. Con la crisis inmobiliaria de los últimos años han desaparecido muchos industriales, contratistas y promotores agravando todavía más la exposición de los arquitectos a ser reclamados.
    • Los seguros del resto de sujetos de la obra (no técnicos) no cubren el error profesional. Únicamente cubren las consecuencias de su error pero no la reparación de éste. Si son insolventes, el perjudicado busca otro que se haga cargo de la reclamación.
    • Además de todo lo comentado, como el arquitecto es el director de obra,  siempre se le podrá imputar alguna responsabilidad por todo el mal ocasionado, sobre todo si nadie más se hace cargo.

Es sorprendente el agravio comparativo que sufre el arquitecto respecto al resto de individuos que intervienen en la obra,  sobre todo teniendo en cuenta que la normativa es muy reciente. Sin ir más lejos, en Francia esta problemática está resuelta desde hace tiempo: a cualquier industrial se le exige una cobertura decenal que ampare su error profesional.

Solo nos queda confiar en que los legisladores y los juristas, mediante la correcta aplicación de la norma, rectifiquen la preocupante situación de la profesión. El arquitecto es clave su sector, que es uno de los principales motores económicos de este país.

Salva Vinyals
Corredor de seguros

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